Proyecto de Ley para declarar Cryptomonedas en la frontera de los Estados Unidos

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Con la creciente y justificada preocupación hacia el aumento de la actividad terrorista y sus métodos de financiamiento, cuatro senadores estadounidenses han propuesto una legislación que conduciría a una ampliación de los poderes del gobierno federal en relación al dinero de los ciudadanos cuando viajen hacia o desde los Estados Unidos.

El 25 de mayo, una comisión bipartidista del congreso formada por los senadores Charles Grassley (R-Iowa), Dianne Feinstein (D-Calif.), John Cornyn (R-Texas) y Sheldon Whitehouse (DR.I.) presentó al Congreso La Ley de Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Falsificación de 2017. Esta legislación promulgada daría lugar a un proceso más fácil para el gobierno federal para confiscar activos transportados en el extranjero o en los Estados Unidos.

La intención de la legislación es hacer más difícil para los narcotraficantes, terroristas y otros criminales el transporte de dinero y otros «instrumentos financieros» a través de la frontera de los Estados Unidos. Bajo la ley federal vigente, los viajeros que transportan $ 10.000 o más en efectivo u otros instrumentos monetarios deben reportar esos fondos a la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. La falta de información, aunque no intencional, podría resultar en la incautación monetaria e incluso penal o penalidades civiles.

Esta legislación ampliaría la definición de «instrumentos monetarios» codificados bajo la ley actual para incluir «dispositivos de acceso prepago, tarjetas de valor almacenado, monedas digitales y otros instrumentos similares». Aquí es donde se vuelve arriesgado porque las criptomonedas, como Bitcoin, son técnicamente transportables, por así decirlo, a través de la cartera digital del propietario donde quiera que éste viaje.

Una serie de posibles escenarios podrían surgir en virtud de las disposiciones de esta ley que podría resultar en inocentes estadounidenses están perdiendo sus bienes. A través de un proceso llamado de confiscación de activos civiles, la propiedad de los ciudadanos podría ser incautada si se sospecha que está vinculado a una actividad delictiva, incluso si el propietario de la propiedad nunca es acusado. Utilizando un ejemplo hipotético vinculado a esta práctica, si un individuo recibió bitcoin de, por ejemplo, otro usuario o de terceros que tiene vínculos nefastos, es posible que podría ser sancionado con pena de confiscación de bienes independientemente de si el destinatario tiene alguna sospecha de que el remitente había estado  involucrados en algún tipo de actividad ilegal. Sin embargo, la capacidad de rastrear esto exigiría una carga bastante pesada para las autoridades.

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Sin embargo es importante destacar un par de características de las monedas digitales. En particular hay dos atributos de la moneda digital que demuestran que los patrocinadores de este proyecto de ley tienen una comprensión insuficiente de la tecnología que las genera. El primer atributo, es que las monedas digitales técnicamente no tienen ubicación, porque los activos están simplemente representados en los libros digitales de miles de computadoras en todo el mundo, tanto dentro como fuera de los EE.UU. Por lo tanto, es imposible «detener» cruzando una frontera, como se pretende.

El segundo atributo es que es casi imposible detectar las claves que permiten el acceso a los fondos. Todo lo que alguien necesita para recuperar sus activos en una nueva ubicación es la memorización de una frase de recuperación de doce palabras. Detectar estos activos sería completamente ineficaz con métodos convencionales.

Discutir acerca de la necesidad de regulación de las monedas digitales para encarar el desafío que significa su uso para fines delictivos es algo comprensible y necesario, sin embargo debe privar una mejor comprensión de la tecnología que crea las monedas digitales y los diversos métodos de gobierno de las mismas para poder comprender cómo desarrollar cuerpos normativos más eficaces.

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